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Educación Pública Gratuita y de Calidad: Por un Proyecto de Nación Incluyente


Desde el año 1.968 en el Suroccidente colombiano no se crea una universidad pública estatal que dependa del presupuesto nacional; las instituciones universitarias públicas en la región son Chocó (1.968), Valle (1.945), Cauca (1.827) y Nariño (1.904). Por Ley la asignación presupuestal debe destinarse a las matrículas a través de subsidios, permitiendo que sectores populares accedan a la educación superior.


Situación similar a la vivida en el Suroccidente se presenta en el resto del país, pues para nadie es un secreto que la educación superior pública no ha sido prioridad del gobierno central y ha dejado en manos del sector privado esta responsabilidad, permitiendo, incluso, que se convierta en un negocio para las llamadas “universidades de garaje” y en cuestión de status de exclusividad para las universidades privadas de alta calidad.


Los datos son categóricos, de 2.004 a 2.017 la población del SUE (Sistema de Universidades Estatales) pasó de aproximadamente 200.000 a 600.000 estudiantes, triplicando su cobertura en tan solo 13 años, pero el presupuesto de las mismas al subir sólo el IPC se ha incrementado en un 75%; situación agravada por los costos de la nómina (dado que ésta crece por encima del IPC) y la tecnologización que es dolarizada, entre otros aspectos; en ese contexto, la situación presupuestal y financiera está llevando al SUE al colapso general.


Por otro lado, encontramos que el programa Ser Pilo Paga en el período 2015 - 2017 pasó de aproximadamente 155 mil millones a más de 500 mil millones de pesos, con un incremento promedio del 187% y una cobertura de 40.000 estudiantes, dineros que en su mayoría (98%) van a parar a las universidades privadas; con un agravante, las matrículas en las universidades privadas beneficiadas con el programa han tenido un incremento aproximado al 10%, muy por encima del IPC ; esto es, por donde se mire, Ser Pilo Paga es un programa, además de perverso, oneroso e inflacionista.


Como puede verse en estas cifras básicas y su respectivo análisis elemental, la política de financiación de la educación superior del Estado colombiano, que tiene como soporte la privatización de la misma, está generando exclusión de la mayoría de la población bachiller, encarecimiento de la educación superior y ahogamiento de la universidad pública.


Finalmente, alguien podrá preguntarme ¿por qué defender la universidad pública y atacar la privatización de la educación superior? La situación es sencilla, mientras la lógica privatizadora le apunta al desarrollo individual desde una idea del “darwinismo social” (la supervivencia del más “apto”) donde unos pocos ascienden en la pirámide social, la apuesta por lo público está en términos de inversión social, en el sentido de formar talento humano calificado y sin distinciones de clase para ampliar la democracia, desarrollar la sociedad y la ciudadanía y fortalecer el aparato productivo.


Es desde este principio de inversión social, propio de las democracias y del Estado social de derecho, que podemos leer las múltiples movilizaciones de las comunidades universitarias de la semana pasada, para comprenderlas en el sentido de una demanda por una sociedad más justa y no como una pataleta de unos cuantos privilegiados y, en ese mismo orden de ideas, asumirla como una responsabilidad del conjunto de la sociedad, porque pensar la educación, desde la inicial hasta la superior, en términos de gratuidad, como una política de inversión social que garantiza desarrollos socioculturales, equitativos y armónicos, tal como lo han hecho históricamente países como Canadá o Finlandia y más recientemente países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela, buscando cerrar la brecha de injusticia, inequidad, segregación y exclusión de 200 años de república.


William Rodríguez Sánchez.




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