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Preguntas Sobre un Caso Difícil de la Justicia Especial de Paz


La detención del exguerrillero de las FARC Santrich por parte de la Fiscalía General de la Nación a propósito de una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Interpol, sustentada en una investigación de la DEA por cometer delitos de narcotráfico internacional, genera gran desazón en el país por lo menos en dos sentidos frente a los cuales se comparten simplemente algunos interrogantes:


En primer lugar: ¿Por qué si la Fiscalía era parte de la operación encubierta no procedió a involucrar de una vez a la JEP en la detención de Santrich, cumpliendo con el requisito de revisión previa de las pruebas por parte de este organismo, como se supone indican los procedimientos?


¿Por qué los tribunales de la JEP debieron conocer la noticia por la televisión, cuando debían estar por lo menos informados de la situación, y específicamente debieron valorar previo a la detención las pruebas en términos de la fecha en la cual se habrían cometido los denunciados ilícitos?


En toda esta situación y de resultar cierto el hecho denunciado ¿no deberían Fiscal y Presidente garantizar en primer lugar el derecho de las víctimas en Colombia, antes de entregarlo en extradición a otra nación?


En otro frente de la noticia, asociado con la responsabilidad política de una organización como las FARC que firmó un Acuerdo de paz, se comprometió a renunciar a todas las formas de lucha y todo el tiempo ha negado su participación directa en la comercialización internacional de narcóticos, vale la pena preguntar:


¿Qué tiene que decir el partido de las FARC al respecto, desde el punto de vista de su compromiso político con el Acuerdo de Paz y de su responsabilidad ante la sociedad colombiana?


¿Se van a quedar sólo señalando a quien los acusa, rechazando el hecho de manera eufemística y genérica o van a dar una respuesta sincera al país respecto a lo sucedido?


En este caso se necesita que los mecanismos de justicia acordados se respeten y operen con transparencia, que funcione la institucionalidad creada de Justicia Especial para la Paz, y que los procesos para hacer justicia y reparación, que incluyen la presentación pública de la verdad operen eficientemente. Necesitamos coherencia para que la ruta de paz acordada realmente signifique alternativas de convivencia y reconciliación.


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