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El sentido común reza que quienes padecen un problema son los llamados a cambiarlo. Siguiendo esa lógica y teniendo en cuenta que el Valle del Cauca concentra un poco más de la cuarta parte de la corrupción del país[1], los y las vallecaucanas y vallecaucanos debemos reconocer que, en gran medida, las transformaciones respecto a este fenómeno están en nuestras manos.


Para examinar la dinámica de la corrupción en el departamento es clave hacer un poco de memoria. La relación entre narcotráfico, economía y política data de los años 70 y 80, razón por la cual el llamado proceso 8.000 nos afectó de manera importante. Al respecto es necesario recordar que entre los condenados por vínculos con el Cartel de Cali, esto es a quienes se les pudo demostrar la ligazón con los narcotraficantes, figuran Gustavo Espinosa (exsenador), Carlos Herney Abadía (exsenador), Armando Holguín (exsenador), José Félix Turbay (exsenador), Hugo Castro Borja (exalcalde y excongresista) y Armando Mosquera (exgobernador). También en el escándalo por la reelección del presidente Uribe nuestro departamento se vio involucrado por la participación del exrepresentante a la Cámara de Caicedonia, Teodolindo Avendaño. En el departamento desde el año 2000 hemos tenido gobernadores condenados y/o destituidos por corrupción, tal es el caso de Gustavo Álvarez Gardeazabal, Juan Carlos Abadía, Héctor Fabio Useche. En el nivel municipal, desde 1991 se cuenta con por lo menos 20 alcaldes procesados por corrupción de los municipios de Yumbo, Cali, Buenaventura, Ginebra, Cartago, Palmira, Ansermanuevo, Jamundí, Guacarí, Calima Darién, Florida; en el órgano legislativo por lo menos 4 miembros de Concejos o de la Asamblea Departamental.


Esta gran cantidad de casos con condenas –que evidentemente son tan solo aquellos que se pudieron judicializar- son un claro indicador del nivel de prácticas corruptivas en muchos campos de la vida social, económica y política del departamento. La gran presencia de este fenómeno sin expresiones de repudio son una muestra de su naturalización, al punto que casi que se ha acabado la sanción moral efectiva que es ante todo la no aceptación de acciones que depredan y van en contra del cuerpo colectivo.


La sanción está en el plano del sentido común, como diría Hannah Arendt, una importante teórica política, “el menos común de los sentidos”, y la expresión de la atrofia de este “sexto sentido” es que no reconocemos el daño que hace a nuestras vidas personales y colectivas la corrupción. No vemos que utilizar el Estado para beneficio propio no solo favorece al agente sino que juega en contra de personas de carne y hueso, no sólo los más pobres sino la comunidad en general; nos cuesta trabajo relacionar la acción corrupta con el debilitamiento del sistema económico, los emprendimientos municipales, regionales y nacionales y los necesarios mecanismos de compensación económica; pero más aún, no identificamos lo saludable que es una política limpia para lograr una buena vida individual y general, extirpando la felicidad que siente un pueblo cuando participa de los rumbos colectivos y produce confianza en sus instituciones. Probablemente hemos olvidado los beneficios no sólo en términos de transformaciones materiales que generan la práctica honesta de la política y la administración pública sino que no logramos dimensionar los alcances en términos culturales y espirituales de contar con la legitimidad y la confianza frente al Estado.


Pero quien dijo que todo está perdido, podemos caminar en el sendero de recuperar la legitimidad del Estado y para eso la gesta en contra de la corrupción es necesaria. Puede generarse desde diferentes lugares, pero probablemente la acción de una ciudadanía activa sea la fuente más certera de cambios duraderos.


En ese sentido, el llamado a participar de la consulta anticorrupción de manera masiva es un primer paso en ese despertar. Eso sí, si reconocemos que no se trata solo de concurrir a las urnas y esperar que todo se transforme. Es necesario revisar diariamente las acciones que hacen posible que la corrupción exista, generar espacios ciudadanos para aportar en el diseño de la ciudad y el departamento que queremos, realizar un control activos de las acciones públicas y de los presupuestos locales, municipales y departamentales. Mejor dicho se trata de avanzar en la gesta de la lucha contra la corrupción. Creen dicen, ¿atendemos al llamado?

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[1] Según la Fiscalía en el año 2017 de las cerca de 19.000 investigaciones sobre corrupción, cinco mil son del Valle del Cauca. (El País, Agosto 31 de 2017).


Fuentes Consultadas:


El País. Agosto 31 de 2017. Fiscalía tiene la lupa sobre 5 mil casos de corrupción en el Valle. Retomado de: https://www.elpais.com.co/judicial/fiscalia-tiene-la-lupa-sobre-5-mil-casos-de-corrupcion-en-el-valle.html.


El País. Septiembre 1 de 2017. Alcalde de Jamundí se entregó a la Fiscalía por presunta corrupción en contratos. Retomado de: https://www.elpais.com.co/judicial/alcalde-de-jamundi-se-entrego-a-la-fiscalia-por-presunta-corrupcion-en-contratos.html


Revista Corrientes. Octubre 5 de 2017. El Valle del Cauca: narcotráfico, crimen y corrupción (primera parte). Retomado de: http://revistacorrientes.com/el-valle-del-cauca-narcotrafico-crimen-y-corrupcion-primera-parte/







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