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Tutelar el Derecho a la Paz


Es crítica la situación de la negociación del conflicto armado con la guerrilla del ELN a pesar de que sociedad, Estado y comunidad internacional han confluido en animar una mesa de diálogos. Sin desconocer las condiciones difíciles en las cuales se adelantan dichas conversaciones y los desencuentros en el reciente proceso de cese bilateral, el proceso no evidencia un horizonte confiable. En ese sentido es importante hacer dos llamados:


(1) Que las negociaciones encuentren una forma de continuar con garantías para la sociedad en su conjunto. Es clave mantener el proceso de dialogo para salvaguardar la posibilidad de concretar la superación del conflicto armado en el próximo periodo de gobierno, pero esto depende de concretar la agenda con un marco ético y político mínimamente abordable, y (2) que el ELN entienda que el conjunto de la sociedad no tiene un acuerdo sobre las vías para lograr generar una convivencia pacífica y que incluso importantes sectores desechan la posibilidad de los diálogos y optan por la guerra; sin embargo un mínimo espacio de acuerdo en este momento es que un proceso de dialogo no se puede adelantar en medio de la guerra y con acciones premeditadas que ponen en riesgo población civil como las que ellos han venido generando.


En el primer caso parece necesario insistir en la necesidad de salir de la tentación de hacer de las negociaciones un espacio para el acomodo de políticas particulares y menos aún para alimentar una política guerrerista. La sociedad va madurando al entender que concretar el derecho a la paz exige de una agenda que piense de conjunto en la sociedad y no en estrechos marcos de comprensión que los actores del conflicto puedan impulsar. Los derechos de la población y especialmente el derecho a la paz son asuntos que exigen una precisión de la agenda empeñada, entendiendo que se trata de un momento de transición en la gobernabilidad y que la prioridad es desescalar el conflicto y situar los puntos concretos de negociación, asuntos que no están claros.


En el segundo aspecto es importante recordar a la guerrilla del ELN que el derecho a la rebelión que se ha ocupado de reivindicar una y otras vez, no es compatible con acciones y políticas premeditadas que afectan la vida de las comunidades y que vulneran el derecho internacional humanitarios y los derechos humamos de la población. Así las cosas es tiempo de tutelar ante las partes nuestro derecho a la paz, insistiendo en que se necesita una ruta clara y unas prácticas respetuosas de las comunidades; no es solo cuestión de discursos, se requiere que de verdad tengan en cuenta la diversidad de la sociedad y la importancia de transitar hacia un tratamiento alternativo de los conflictos. No sería comprensible que se siga llamando a la participación de la sociedad mientras se le sigue victimizando.



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