Quitar las Vendas
Para avanzar en el debate público en la actual coyuntura electoral, signada por una gran polarización del país luego de un proceso de negociación, podemos acudir a la memoria y tratar de reflexionar de manera más pausada. En este escrito invitamos a pensar en la justicia, en las encrucijadas que enfrenta de cara a hacer posible que los colombianos nos reconciliemos.
Empecemos rememorando que luego de la Constitución de 1991, en Colombia se tenía un sentimiento de ganancia política, porque habíamos logrado una relativa e importante independencia de la justicia de los poderes. Hay una serie de instituciones que son las hijas de ese proceso constituyente que pretendía, un nuevo consenso nacional. Veamos las más representativas.
La Corte Constitucional encargada de velar por la salud y el cumplimiento de la naciente carta, está vigente desde el 7 de julio de 1991. La Fiscalía, creada luego del 1 de julio de 1992, con independencia del Ejecutivo, de la cual se esperaba fortalecer el poder judicial en el país en el campo de la investigación criminal. Con la intención de garantizar el autogobierno de la rama judicial, el 15 de marzo de 1992 se dio vida al Consejo Superior de la Judicatura. La Procuraduría ganó independencia y se ha centrado en velar por que las actuaciones de los servidores públicos estén pegadas a la Ley y acorde a los mandatos y funciones que emanan de la Constitución. La Defensoría se crea para garantizar el goce efectivo de los derechos a la ciudadanía. Y la tutela que aunque no es una entidad es la institución conocida por la ciudadanía y que ha servido para garantizar los derechos fundamentales a colombianas y colombianos.
Todas estas instituciones surgen por problemas que teníamos como país y venían de larga data. El estado de sitio, surgido en los años setenta, nos había casi que legalizado la violación sistemática de los derechos humanos, no sólo al opositor político sino a todo aquel que fuera diferente. El narcotráfico había puesto sobre el tapete la capacidad corruptiva que tenía del poder judicial, haciendo que se legislará en su favor. Pero también intentan darle piso legal al nuevo pacto de paz surgido de la negociación entre el gobierno y el M-19.
En la actualidad luego de la negociación entre las FARC y el Gobierno nacional, y después de 16 meses de implementación de los mismos, y nuevamente de cara de un proceso electoral, tenemos la tendencia a pensar que los problemas son los mismos. Sin embargo, sería bueno revisar hasta dónde es así.
De un lado, pasamos de un Estado que era ineficaz para juzgar los procesos en contra de narcotraficantes y de los poderes locales regionales, a un Estado que permite que muchas de las actuaciones públicas se formulen e implementen en favor de sectores ilegales, esto es en gran medida nuestro Estado está no sólo cooptado sino capturado (Garay, 2009; MOE, Fundación Ciudad Abierta, Secretariado Nacional de Pastoral Social, 2018). Dos, cada vez se reconoce más que la justicia ha perdido nuevamente la independencia y está altamente politizada. Tres, algunas propuestas de candidatos pretenden suprimir las ganancias históricas como la tutela o las Cortés, inclusive algunos apuestan porque el Fiscal sea designado por el presidente. Cuarto, la incapacidad de la justicia para juzgar miembros de los grandes poderes económicos y políticos y el contubernio con los mismos; Obredecht, el Cartel de la Toga y, recientemente, la misteriosa muerte de los testigos en casos de importancia. Quinto, no hay un acuerdo en la institucionalidad encargada de la administración de justicia con referencia a las instancias y procedimientos para los reincorporados, especialmente en los casos límite, tal como lo pone al descubierto el caso Santrich, al punto que por fuera del tira y afloje de las competencias de la JEP y la Fiscalía, el candidato presidencial De La Calle expresa un nuevo concepto, debe acudirse a argumentos de seguridad interna para evitar la extradición express y hacer una revisión de las pruebas en el país, pues es probable que se esté frente a fuerzas internacionales que no ven con buenos ojos el proceso de negociación que se ha agenciado en el país.
Así las cosas, la actual coyuntura nos invita a quitarnos las vendas y reconocer que el proceso de negociación nos coloca frente a una imagen que no nos gusta, pero que es el país que tenemos, con un Estado capturado, con una justicia que cojea y pide a gritos que se le devuelva la independencia y se profundicen los mecanismos para mantenerla a salvo. En ese sentido, la propuesta de verdad no es un asunto de la JEP, es una necesidad del país para encontrar la senda que le permita reconstruirse.