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Discursos Polarizados o Sociedad Escindida


Que los amigos de Uribe no quieren la Justicia Especial para la Paz (JEP) porque no están dispuestos a confesar sus crímenes. Que a los militares la JEP le favorece pero a Uribe no. Que la JEP permite la impunidad de los miembros de las FARC. Que personas que no hayan pagados sus delitos no deben estar en el Congreso. Esos son apenas algunos de los argumentos presentes en conversaciones de esquina, en redes sociales y en espacios institucionales como el Congreso y son una muestra de la falta de acuerdo sobre el sendero que debemos transitar como país respecto a la paz, así como a la necesidad imperiosa de buscar caminos creativos e imaginativos que nos permitan reconciliarnos.


Aproximémonos a una de las discusiones más sensibles en la vida pública del país: la JEP, la cual es fuente de innumerables controversias. A finales de junio en el Congreso se aprobó la reglamentación de la JEP, en medio de una fuerte controversia entre el presidente Juan Manuel Santos y el nuevo presidente de los Colombianos Iván Duque, entre el Centro Democrático y quienes le apuestan a salvar el proceso de paz.


El Centro Democrático conjuntamente con Conservadores, el Mira, algunos liberales, miembros del partido de la U y de Cambio Radical, acompañaron la propuesta que limita la JEP para intervenir en la extradición de los miembros de las FARC. El otro gran pulso giró en torno a la figura para juzgar los miembros de la fuerza pública que cometieron delitos en el marco del conflicto armado. Al respecto, si bien no se aprobó el artículo propuesto por el Centro Democrático, específicamente por Paloma Valencia, se abrió una ventana que implica que los militares no estén obligados a comparecer a la JEP y puedan asumir otra ruta, la cual está aún por diseñarse.


Pero la conflictividad en torno al rumbo de la paz no se quedó en el Congreso ni va a estar supeditada meramente a las confrontaciones con las iniciativas del nuevo gobierno. Recientemente, la Registraduría Nacional dio vía libre para que Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada, miembros todos del Centro Democrático, iniciaran el proceso para derogar vía referendo los tres actos legislativos que sustenta la implementación del Acuerdo de Paz, como son la Justicia Especial de Paz, el blindaje de los Acuerdos y la participación política de las FARC. Eso implica que desde este momento y durante seis meses van a iniciar una campaña para recolectar las firmas que necesitan, aproximadamente 1.785.000.


En este contexto vale la pena preguntarse si seremos capaces como país de encontrar canales civilistas para resolver las diferencias que persisten al interior de la sociedad. Porque lo que salta a la escena pública es el desacuerdo que no implica que uno u otros estén polarizando sino que efectivamente en el seno de nuestra nación se han anidado formas de comprender el mundo y el país que se distancian radicalmente. La pregunta que emerge es si podemos vivir juntos en medio de las diferencias, con marcos de respeto. Si no logramos encontrar la síntesis para acercarnos y vías de reconciliación, nos veremos enfrentados a una reedición de violencias y no tenemos como saber cuántas generaciones más tendrán que ofrendar su sangre para llegar a un pacto que proscriba la muerte al diferente como manera de resolver los conflictos. La pregunta es simple y urgente: ¿seremos capaces de encontrar vías alternas que nos permitan recomponernos como nación?



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