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¿Las Soluciones a Qué?


Cuando un gobierno se posesiona hay temores y esperanzas; esa lógica no deja de ser un tanto maniquea, pues en todo caso esas dualidades que casan siempre entre lo bueno y lo malo, son parte de los viejos atavismos de una civilización en crisis. Sin embargo, los conflictos políticos que suelen ser de una catadura más profunda expresan al inicio de un nuevo gobierno, con su respectiva agenda de país, unas tensiones evidentes que es bueno explorar a manera de líneas de base o de identificación de puntos de partida. En todo caso la ciudadanía espera que haya nuevas rutas y soluciones para los asuntos más sentidos en la vida colectiva y vale la pena visualizar lo que se viene.


En Colombia desde hace décadas los gobiernos han venido aplicando la misma fórmula con distintos énfasis y/o combinaciones; la receta del consenso Washington con sus matices y adaptaciones es lo que han hecho sucesivamente; han aplicado medidas económicas monetaristas para establecer las reglas de oferta y demanda en todos los ámbitos de la vida (todo se compra y se vende); por esa vía, del control del factor más volátil del mercado que es la emisión de dinero, han estimulado pagar sueldos más bajos, han arraigado la acumulación de capitales a partir de la flexibilización laboral, de bajar los costos de la seguridad social y de promover la legalización de economías ilegales, generando trabajo informal, exclusión y violencia; igualmente en el ámbito de la gestión pública se han acostumbrado a empequeñecer el Estado (acabando las empresas e instituciones estatales claves para garantizar derechos), ampliar la deuda fiscal y el margen de deuda externa, así como han generado un desenfreno en la tercerización y mercantilización de los servicios públicos.


Estas medidas sobre la estructura de la economía pública y la fisonomía y agenciamiento del Estado han tenido repercusiones nefastas que han comprometido la vida de por los menos tres generaciones, a partir de procesos como: (a) la captura del Estado por una clase ociosa que ha puesto a rentar las agencias estatales para sus propios beneficios con mecanismos corruptos, (b) la generación de exclusión, despojo y violencia social generalizada, especialmente en las periferias urbanas y rurales donde priman las mafias y redes criminales, (c) la desconfiguración de los sistemas de justicia que prácticamente son inoperantes respecto a la regulación de la vida social desde una perspectiva democrática, (d) la pérdida progresiva de la titularidad y realización de derechos sociales, económicos y culturales, que terminan siendo una literalidad constitucional y legislativa que no se realiza en el cotidiano, (e) la depredación ambiental de los ecosistema mediante la generalización de la lógica extractivita y desarrollista que vuelve “recurso” todos los bienes comunes del territorio, (f) el crecimiento del desempleo, el subempleo y en términos generales de la indignidad en la seguridad social de los trabajadores (g) la desprotección creciente de poblaciones vulnerables, de los grupos con altos índices de pobreza, étnicos y raizales, la tercera edad y la juventud que deambula en las grandes ciudades sin muchas opciones y pocas oportunidades, (h) también se produce un creciente gesto de exclusión de la diferencia y la diversidad social y cultural, hemos reeditado las lógicas patriarcales, xenófobas, racistas, discriminatorias, actualizándolas en la contemporaneidad.


Reportando estas constataciones de la crisis de la gestión pública, es importante reconocer que más allá de nuestras fronteras nacionales, en el mundo globalizado que ha soportado estas políticas se han generado diversas manifestaciones: en Japón el conocido lunes negro financiero en los ochenta, en México el Efecto Tequila a finales de los años noventa, en Nueva York la especulación debido a la burbuja inmobiliaria, los movimientos de brazos caídos en España y Portugal, la parada piquetera en Argentina de inicios siglo ante el crecimiento desmedido de despidos y, en Grecia en la primera década del siglo XXI, la gran crisis debido a la elevada deuda griega que puso a temblar la Unión Europea; esas crisis han tenido cíclicas manifestaciones y sistemáticas respuestas desde diversas orillas políticas: se han generado grandes movimientos sociopolíticos portadores de innovaciones democráticas y culturales con carácter transformativo y adaptativo a las circunstancias; se han producido guerras regionales, violencias genocidas y migraciones ligadas al despojo, se han presentado fenómenos separatistas; se han aplicado políticas de contención y se transfirieren los efectos negativos a las periferias más desprovistas de capacidad de enfrentar los percances encubados; lo cierto es que la política mercantilista a ultranza implementada por décadas, con muy pocas moderaciones, sigue recorriendo el mundo sembrando sufrimientos colectivos y exclusiones. En Colombia todo indica que seguiremos en la misma línea.


El gobierno que se posesiona en estos días en Colombia no tiene signos, ni programáticos, ni discursivos, ni pragmáticos, de mostrar una agenda diferente, de expresar unos propósitos y una ruta que indique que algunos de los problemas generados en estas últimas décadas por esta política deshumanizante, polarizante, se puedan resolver. No hay indicadores de que haya una preocupación por solucionar los problemas de la ciudadanía de a pie que va transitado por caminos rurales y avenidas.


Los gestos no observan en el gobierno venidero señales de continuidad en las políticas de paz y reconciliación, la línea de conexión ciudadana que expresa hace énfasis en una perspectiva de tutela jerarquizada a la población y de una restricción institucionalizada de la participación, sus políticas anticorrupción se inscriben más en el uso de tecnologías convencionales, pero no van al meandro socio político del asunto, esto es preocupante dada la configuración del gobierno y la memoria corta de muchos “nuevos funcionarios” en controvertidos hechos con indicios de este flagelo. En materia económica se ha propuesto reducir impuestos a los empresarios bajo el sofisma de incentivos a la inversión y ampliar la base gravable entre los sectores medios y populares, han planteado que el salario mínimo está muy alto, se anuncian medidas de reducción del Estado y de posible venta de activos públicos. En el terreno social se prevé que radicalizara, según sus anuncios, la política paternalista de subsidios sociales que tiene la tradición de cooptar la población, se ha planteado también una radicalización de la penalización de la protesta social y de medidas de control poblacional de carácter policial.


Es importante entonces ante esas primeras señales que nos hagamos responsables como una ciudadanía informada y actuante para que el nuevo gobierno se vea en la obligación de salir de la burbuja corporativa que moviliza sus específicas concepciones y propósitos, y observe las preocupaciones de las mayorías que no acceden a su parnaso, para que encuentre soluciones a las demandas colectivas. Es fundamental que nos hagamos vigilantes de que las acciones del nuevo gobierno no sigan contribuyendo al camino largo que traemos de depredación del entorno ambiental, de evadir las respuestas a la pobreza y la falta de oportunidades, de mercantilizar la salud y la educación, de mantener en la inestabilidad, en la cuerda floja, a las clases medias urbanas, de mantenernos en la violencia social naturalizada; en síntesis de dejarnos atrapados en la lógica mafiosa y excluyente de la captura y la cooptación del Estado en favor de unos pocos. Se busca una ciudadanía activa ¿Dónde estará?



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